Acción penal en casos de colusión quedará finalmente en manos de la Fiscalía Nacional Económica

Luego de meses de debate, la acción penal en los casos de colusión finalmente quedará en manos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por lo que el Ministerio Público quedó sin la facultad de iniciar el proceso criminal en estos casos.

Así lo aprobó esta tarde la Comisión Mixta, instancia que revisó el proyecto sobre Libre Competencia y que votó por ocho votos a favor y dos en contra -el senador Alberto Espina y el diputado Sergio Espejo- las indicaciones sobre el artículo 64 de la iniciativa que determina el rol de los organismos fiscalizadores.

"Creemos que la FNE tiene un récord en esta materia muy claro y categórico y es ella la que tiene que ser capaz de querellarse en estos casos. Hemos establecido en esta indicación que en los casos que se compromete gravemente a la libre competencia, la FNE deberá querellarse y le da un plazo de hasta seis meses para poder hacerlo", dijo el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.

El secretario de Estado dijo que esta indicación "resguarda adecuadamente el funcionamiento de la institucionalidad de la libre competencia donde se requiere una labor coordinada entre la FNE y el Ministerio Público y al mismo tiempo se crea un incentivo muy claro para desbaratar carteles".

El proyecto de ley que endurece sanciones a la colusión de empresas además castiga en forma más severa las prácticas anticompetencia, define un nuevo régimen de control de operaciones de concentración o fusiones; la protección de los derechos de los consumidores; establece una nueva facultad de la FNE para estudiar la evolución competitiva de los mercados; y fija sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones de la FNE.

También establece la pena de cárcel efectiva hasta por un año para autores del delito de  colusión y protección de la delación compensada, por considerarla indispensable para desbaratar una eventual colusión.

Posición de senador Espina

El senador Alberto Espina era partidario de que el Ministerio Público pudiera ejercer una acción penal una vez que que el Tribunal de la Libre Competencia establecía o no una grave afectación a la libre competencia.

"Creo que el Ministerio Público debía tener el derecho a querellarse en esos casos. No me parecía correcto inhibirle ese derecho y por eso voté en contra", dijo el senador.

Sin embargo, aseguró que "esto es un muy buen proyecto en todo caso, es un avance gigantesco en nuestro país y creo que es uno de los buenos proyectos que nos ha tocado tramitar".